El Consejo del Partido Justicialista de La Matanza expresa su estupor ante la noticia de que Ivana Bohdziewicz, excolaboradora de Gerardo Milman, hasta hace poco mano derecha de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, declaró en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner, que se lo ordenó que concurriera ella y su compañera Carolina Gomez Mónaco, dos meses después del atentado, a las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que encabeza Bullrich, para que un perito técnico les borrara el contenido de sus celulares, circunstancia en que fueron instadas a “comprar nuevos aparatos y no volver a registrar en ellos cuentas personales para evitar que se descarguen “backups””.
Si a todo esto le sumamos que la jueza de la causa, Maria Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo, no dispusieron el secuestro de los celulares de las excolaboradoras de Milman con posterioridad al atentado, ni tampoco lo hicieron al conocer la declaración de un testigo de identidad reservada, quien había escuchado a Milman en el restaurant Casablanca decir: “cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa”, propiciando de esta manera que la desidia procesal operara como maniobra de encubrimiento en contra del esclarecimiento del intento de magnicidio y, en especial, de sus instigadores.
Esto prueba a las claras la infamante calidad de administración de justicia que ciertos jueces y juezas, teñidos de sospechosa parcialidad y carentes de todo sentido del derecho, le dispensan hoy día al pueblo argentino.
Surge con fuerza y de manera más nítida, el involucramiento mafioso y la complicidad de oscuros personajes de la oposición macrista que junto a empresarios/financistas como la firma Caputo Hermanos de Luis “Toto” Caputo, “amigo del alma” del expresidente Mauricio Macri, quienes habrían financiado con 13 millones de pesos a Jonathan Morel, cabecilla del grupo de ultraderecha Revolución Federal, para asediar y atentar contra la vida de Cristina, con la ayuda del manto protector de un brazo judicial coptado.
Sin lugar a duda, los factores de poder han elegido como herramienta de disciplina- miento político al “lawfare” con la que pretenden ver “presa o muerta” a la compañera Cristina y llevarnos a un destino sin retorno, a una democracia de baja o nula intensidad donde se conculquen derechos adquiridos de las mayorías populares en provecho de intereses inconfesables. El pueblo lo impedirá.
Sin Cristina no hay democracia.
Sin peronismo no hay futuro.