Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, le da nuevo impulso a la bicicleta financiera recaudando USD 1.000 millones de dólares, mediante el lanzamiento de un nuevo título de colocación reservada para inversores extranjeros “amigos”, a los que les ofrece, generosamente, una tasa del casi 30% en moneda dura, las personas con discapacidad son excluidos de la sociedad por la desactualización de los aranceles del Nomenclador nacional y los médicos residentes del Hospital Garrahan se los somete a largas jornadas de trabajo pagándole sueldos muy bajos por la responsabilidad que tienen.

El sistema de Salud Pública está al límite de su desaparición en la administración de Javier Milei.

Los aranceles del nomenclador nacional de prestaciones médicas desde diciembre 2024 no se actualizan, y los aumentos del año pasado fueron paupérrimos, si a esto le agregamos que las prestaciones de terapeutas, transportistas y distintos profesionales que asisten a las personas con discapacidad se cobran a 60 y 90 días la módica suma de $ 307.000 por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias, no hay forma de que el sistema pueda sostenerse.

Pero aún peor fue la respuesta que recibieron Marlene Spesso y su hijo Ian Moche que sufre autismo, del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien con una insensibilidad a toda prueba les dijo: “Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”

Milei se desentiende de las personas con discapacidad al colocarlos en situación de exclusión estructural, donde se las obliga a incurrir en gastos adicionales que deben afrontar de forma compulsiva, hecho que atenta contra la autonomía financiera de las familias y el derecho a una vida independiente que merecen tener como cualquier ser humano.

El abandono de persona está tipificado como delito en el artículo 106 de nuestro Código Penal, con penas de prisión que van de seis meses a dos años, cuando una persona abandona “a un menor de diez años u otra persona incapaz por causa de enfermedad, quien deba mantener o cuidar”.

Por cierto, la pena se agrava con reclusión o prisión de 2 a 6 años, cuando “a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz”, y si ocurriera la muerte de la persona, la pena es de reclusión o prisión de 3 a 10 años, pero cuando esto lo provoca el propio Gobierno nacional a partir de las decisiones políticas de sus máximos responsables ¿Cuál sería la pena que correspondería imponerles por la masividad de su impacto?

Tarde o temprano toda la administración mileista deberá responder penalmente por colocar en situación de desamparo y dejar sin cuidados a millones de personas, no solo a las personas con discapacidad, sino también a los enfermos oncológicos y a los jubilados a quienes se les ha quitado la medicación que necesitan, y a los sectores vulnerables a quienes se les ha mezquinado un plato de comida.

Nuevamente, mientras ocurre este genocidio económico de la mano de Javier Milei, quien se jacta de realizar “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, el empresario Marcos Galperin de Mercado Libre, recibe subsidios del Estado nacional por USD 100 millones de dólares, se destina más $ 7.366 millones de pesos a la SIDE para hacer inteligencia interna y monitorear “grupos sociales vulnerables” y se eleva los gastos reservados de $ 650 millones a $ 1.003 millones de pesos, es decir, PLATA HAY, PERO LA CORRUPCIÓN Y LA HIJOPUTEZ DE ESTE GOBIERNO ES INFINITA.

Este genocidio económico de Javier Milei tiene como víctimas propiciatorias a los sectores más vulnerables, por eso quitan pensiones No Contributivas a aquellos que la necesitan, saturan de obstáculos burocráticos o les inventan auditorías innecesarias para tramitarla, con ello buscan desalentar a las personas para conducirlas a un callejón sin salida y llevarlas a la desesperación más absoluta.

A esto se le suma la falta de políticas públicas y la migración a modelos que reemplazan  derechos adquiridos por mero asistencialismo, poniéndose en serio riesgo el derecho a la protección social de las personas con discapacidad y sus familias, pero también otros sectores de la población que terminarán convertidos en parias dentro de la sociedad.

En un reclamo que recorre la ciudad más rica del país, los residentes del Hospital Garrahan, se movilizan por mejoras salariales, pero también por el derecho a la salud de la población pediátrica.

La respuesta de ministerio de Salud nacional a través de su titular, Mario Lugones, sigue siendo el silencio ante la situación que viven a diario las y los médicos residentes de primer año, quienes cobran un sueldo que no alcanza los $ 800.000 cumpliendo con semanas laborales de hasta 60 horas, siendo crucial la responsabilidad que tienen en sostener la asistencia a los pacientes pediátricos, nuestros niños y niñas que atraviesan a corta edad los padeceres de una enfermedad o dolencia, muchas veces, desgraciadamente terminales.

De persistirse con esta política diabólica de vaciamiento dirigido a la salud pública, el gobierno nacional destruirá la formación pública y de excelencia de nuestros pediatras, pero también de otras disciplinas, dejándonos sin profesionales, ni recursos.

En palabras del Gral Perón, el objetivo fundamental de la salud pública es desarrollar la protección y el mejoramiento de la salud del Pueblo acrecentando su bienestar físico, intelectual y moral, y así obtener el máximo coeficiente de actividad vital mediante la acción estatal pura y la privada.

El gobierno nacional está embarcado en un alineamiento sistemático y sin concesiones con Estados Unidos, para ello se apresta a achicar y eficientizar la estructura operativa de los organismos que dependen del Ministerio de Salud, ratificar la postura de retirarse de la  Organización Mundial de la Salud (OMS) como lo decidió su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump, la revisión de la continuidad del uso de autorizaciones rápidas en medicamentos de alto costo para el Estado, y un principio de endurecimiento para los procesos de revisión y control de vacunas, es decir, si esto no es colocar una lápida funeraria sobre la salud pública que supimos conseguir, que es.