El Consejo del Partido Justicialista de La Matanza repudia enérgicamente el fallo adverso de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que condena a la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa Vialidad, a la pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, por la adjudicación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz cuando ejercía la primera magistratura.

Claramente, la justicia federal se ha convertido en el ariete de factores de poder nacionales y extranjeros que atentan contra la democracia y las instituciones de la República, al pretender proscribir, selectivamente, con argumentos falaces y amañados, a quienes han sabido gobernar en nombre del Pueblo.

Ya lo expresó de manera contundente la compañera Cristina al escuchar la condena en su contra: “Esto no es lawfare ni partido judicial, es un estado paralelo y mafia”.

La expresión “Estado paralelo y mafia” no es un eufemismo, es la cruel realidad reconocida por el propio Macri, quien confesó haber tenido frecuencia de trato con estos mismos jueces y fiscales cuando él era presidente, a quienes agasajaba en la Quinta de Olivos con sendos partidos de Paddle (16 veces), y eran recibidos en la Casa Rosada donde mantenía reuniones informales.

Como ignorar que esta causa fue desestimada por el poder judicial en distintas instancias, siendo luego “resucitada” y reabierta en enero de 2016, ni bien asumido presidente Mauricio Macri, por el designado director de Vialidad Javier Iguacel, respondiendo a intereses inconfesables.

Por cierto, tampoco les importó a estos personajes reconocer que se encontraban recontra probados que no hubo sobreprecios ni pagos “en negro” en las 51 obras públicas que fueron sujeto de análisis en esta causa, ni habían sido cuestionadas administrativamente, ni tuvieron en cuenta que el presidente de la Nación, por el solo hecho de serlo, no es el administrador general del Estado, como indica el artículo 100 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, jueces, fiscales y medios de comunicación adictos siguieron adelante con el escarnio público sobre la base de una ficción jurídica que servía a sus fines de sepultar para siempre al peronismo y a su máxima dirigente.

Para los sectores de poder, el fin justificaba los medios y había que sacar de la cancha a la máxima referente del campo nacional y popular que podía enfrentarlos con éxito.

La compañera Cristina fue y sigue siendo víctima de persecución política, lo fue desde el minuto cero de la administración macrista, pasando por su tentativa de magnicidio en 2022 y ahora con esta condena absurda que busca asegurar los resultados de una desastrosa economía de miseria planificada a la que nos somete el vendepatria de Javier Milei, agente al servicio de la sinarquía internacional.

Por eso decimos que esta justicia federal amañada y parcial, solo sirve de brazo ejecutor para el disciplinamiento social de las mayorías populares, a quienes se les priva del derecho constitucional de elegir y ser elegido, como antaño lo hicieron las Fuerzas Armadas, para consolidar el poder concentrado de las corporaciones sobre la soberanía popular, ejerciendo de escribanía en el despojo premeditado del patrimonio nacional y nuestros recursos naturales, todo ello sobre el hambre y la miseria de millones de argentinas y argentinos.